El municipio multará a una constructora con hasta $15 millones por verter líquidos en el río Neuquén
La Municipalidad de Neuquén sancionará a una empresa constructora tras ser filmada arrojando efluentes sobre el río Neuquén al final de la calle Figueroa Alcorta. El subsecretario Francisco Baggio confirmó que la multa bajo el Código de Convivencia podría llegar a los $15 millones, sumado a la obligación de remediar la zona y pagar análisis del agua a lo largo de 3.000 metros aguas abajo.
Una contundente intervención en materia de control ambiental derivó en la apertura de un proceso contravencional contra una firma del rubro de la construcción en la capital provincial. El municipio capitalino aplicará una sanción económica que podría alcanzar los $15 millones luego de que un camión cisterna perteneciente a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) fuera filmado mientras volcaba un efluente de coloración marrón sobre el cauce del río Neuquén, al final de la calle Figueroa Alcorta. El episodio fue documentado mediante el registro audiovisual de un vecino, insumo técnico que permitió a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana identificar la unidad e iniciar las actuaciones administrativas.
Ante el requerimiento formal de la comuna, los representantes de la empresa constructora comparecieron para notificarse de la infracción y justificar la maniobra. Desde la firma argumentaron que el líquido vertido correspondía a agua extraída del deprimido de napa de una obra en ejecución, justificando su tono turbio por la presencia de sedimentos de tierra. Sin embargo, las autoridades locales descartaron que esa fundamentación exima de responsabilidad a la compañía, ratificando que el vuelco directo sin tratamiento previo constituye una falta grave tipificada en el Código de Convivencia Municipal, régimen que endureció las penalidades para los delitos contra el ecosistema urbano.
El titular del área ambiental municipal, Francisco Baggio, confirmó que la sanción no se limitará a la multa pecuniaria —cuyo rango oscila entre los $5.000 y los $15.000.000 según determine la Justicia de Faltas—, sino que incluirá la obligación expresa de ejecutar la remediación del espacio costero impactado. Asimismo, la constructora deberá financiar un muestreo integral de la calidad del agua a lo largo de 3.000 metros aguas abajo del punto de vertido. Los análisis físico-químicos deberán ser realizados por un laboratorio acreditado y serán auditados por los inspectores del municipio para certificar la ausencia de contaminantes en el recurso hídrico.
