Investigan una red de pedofilia en Cipolletti y un acusado enfrenta hasta 25 años de cárcel
La Justicia provincial investiga la actuación de una red de pedofilia que operaba en un asentamiento de Cipolletti. Un hombre de 37 años enfrenta cargos por drogar, abusar, filmar y distribuir imágenes de niños y adolescentes, mientras que un estudiante universitario permanece detenido por recibir el material. La Fiscalía negocia un juicio abreviado que podría derivar en una pena de 25 años de prisión.
Se confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de dos hombres implicados en los delitos de abuso sexual y producción de material de explotación infantil. La investigación, tramitada en los tribunales de Cipolletti, se centra en un hombre de 37 años de nacionalidad ecuatoriana, acusado de captar a niños y adolescentes en un asentamiento del sector norte de la ciudad. Las evidencias reunidas por el Ministerio Público Fiscal demuestran que el imputado atraía a sus víctimas a su domicilio, donde les suministraba fármacos para anular su conciencia antes de atacarlos sexualmente, filmando las agresiones y distribuyendo los archivos a través de plataformas digitales.
El avance de las diligencias permitió el secuestro de un teléfono celular y una notebook durante un allanamiento ejecutado por las fuerzas de seguridad en la vivienda del sospechoso. Los peritajes informáticos desarrollados por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL) sacaron a la luz cientos de fotografías y videos que documentan los ultrajes cometidos entre 2023 y mediados del año pasado. Además de los ataques consumados mediante la sumisión química de los menores, se le formularon cargos por corrupción de menores en perjuicio de dos niños que permanecían a su cuidado, a quienes sometía a la exhibición forzada de contenido pornográfico.
El expediente penal suma un segundo imputado: un estudiante universitario afincado en la zona, quien fue localizado y detenido tras comprobarse que figuraba como destinatario de parte del material registrado por el principal acusado. En el ámbito judicial, la Fiscalía, la Defensoría Oficial y la Defensoría de Menores trabajan en la concreción de un acuerdo de juicio abreviado para determinar la responsabilidad penal del aberrante accionar. De homologarse el pacto entre las partes procesales, la causa avanzará hacia el juicio de cesura donde la acusación solicitará la pena máxima de 25 años de prisión.
La difusión de las actuaciones generó una enérgica reacción de las organizaciones comunitarias y la conducción vecinal. La agrupación Mujeres en Lucha y Diversidad, encabezada por Lila Calderón, difundió un pronunciamiento público para exigir el celeramiento del proceso, la sanción más severa prevista en el Código Penal y la estricta reserva sobre la identidad de las víctimas para impedir cualquier escenario de revictimización.
