Un operativo certero de la Policía de Misiones y la Municipalidad de Posadas culminó con la clausura de un geriátrico clandestino que funcionaba en el barrio San Isidro. La investigación se activó luego de que una vecina denunciara en la Comisaría 15ta un hecho desgarrador: mientras circulaba con su vehículo, observó a uno de los residentes escapar de la vivienda para solicitar ayuda desesperadamente, pidiendo que llamaran a las autoridades. Este pedido de auxilio destapó una red de precariedad y abandono que ponía en riesgo inminente la vida de los adultos mayores alojados en el lugar.
Durante la inspección técnica, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano constató que el inmueble carecía de cualquier tipo de habilitación municipal para funcionar como residencia de larga estadía. Las irregularidades detectadas fueron calificadas como críticas por los peritos, quienes señalaron la falta de controles médicos adecuados, la ausencia total de salidas de emergencia y un entorno que no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y seguridad exigidas por la normativa vigente. El establecimiento operaba bajo un manto de ilegalidad absoluta, ocultando la falta de personal especializado y equipamiento básico de salud.
Ante el grave escenario de vulnerabilidad, la Justicia ordenó el desalojo y la clausura inmediata del recinto. El protocolo de protección derivó en la reubicación de cinco adultos mayores; algunos de ellos fueron restituidos a sus vínculos familiares bajo estrictas recomendaciones de cuidado, mientras que el resto fue trasladado al Geriátrico Público de Miguel Lanús. En este centro especializado, las víctimas finalmente comenzaron a recibir la atención integral y el resguardo médico que les fue negado sistemáticamente en la entidad clausurada.
Este caso reaviva la alerta sobre la proliferación de residencias ilegales en la región y la importancia del control social para detectar abusos. Las autoridades de Posadas enfatizaron que el geriátrico clandestino no solo violaba normas administrativas, sino que representaba una amenaza directa a la integridad física y psíquica de las personas mayores. Mientras continúa la causa judicial contra los responsables del lugar, se instó a la comunidad a verificar las habilitaciones vigentes antes de contratar este tipo de servicios, garantizando siempre una ética del cuidado que respete los derechos fundamentales de los abuelos.
