Neuquén marcha por el Ni Una Menos
Miles de personas marcharon hacia el Monumento al General San Martín al cumplirse 11 años de la primera movilización nacional contra la violencia machista. Durante la jornada de protesta se denunció el vaciamiento de presupuestos preventivos, la suspensión de programas educativos y las fallas operativas del Poder Judicial, en un crítico contexto local donde las situaciones de alto riesgo de femicidio crecieron un 217,6% en la capital provincial.
A 11 años de la histórica primera movilización nacional que unió a todo el país contra la violencia machista, la comunidad de la región volvió a ocupar de forma masiva las calles de la capital provincial. La convocatoria central se concentró este miércoles a partir de las 17:30 horas en las inmediaciones del Monumento al General San Martín, donde diversas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos confluyeron para visibilizar que los índices de criminalidad contra las mujeres y las disidencias no descienden en el territorio.
El colectivo civil llega a este nuevo aniversario con muchísima bronca y dolor debido a que las estadísticas continúan siendo desgarradoras. En esta oportunidad, la región marchó signada por la dolorosa ausencia de dos jóvenes menores de 18 años, haciendo un especial hincapié en la necesidad de sostener las acciones de visibilización pública para lograr el total esclarecimiento de los casos locales y garantizar las búsquedas activas de quienes faltan de sus hogares. Uno de los principales ejes de la denuncia pública estuvo direccionado hacia el desempeño del Poder Judicial. Se criticó con dureza que las estructuras judiciales mantengan los mismos criterios operativos de años anteriores, que aún persistan intentos institucionales de encuadrar femicidios bajo la figura penal de homicidios simples para morigerar las penas y la falta de capacitaciones obligatorias en género para los magistrados y fiscales encargados de intervenir en situaciones de vulnerabilidad.
En el plano político, la jornada de lucha sirvió para trazar un preocupante paralelismo entre las conquistas legislativas de la última década —como el acceso al aborto legal y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI)— y la compleja coyuntura institucional actual. Se denunció un marcado retroceso debido al vaciamiento de presupuestos y de personal en las áreas de prevención, lo que derivó de forma directa en la cancelación de programas clave en el ámbito escolar, como las jornadas institucionales destinadas a debatir sobre la igualdad de género y la convivencia.
Alarma estadística: fuerte suba del riesgo extremo en la capital
La masiva movilización ciudadana coincidió con la difusión de un crudo informe técnico cuyos indicadores revelan una alarmante escalada en las situaciones de violencia extrema en el ejido urbano. Según los datos oficiales registrados entre enero y mayo de 2026, se contabilizaron un total de 54 casos clasificados bajo el Código A, la nomenclatura técnica de máxima peligrosidad que identifica de forma exclusiva a las situaciones con alto riesgo de femicidio.
Esta alarmante cifra representa de manera directa el 54% de las intervenciones totales realizadas por el equipo interdisciplinario de atención integral en violencia de género en lo que va del año. Al contrastar el periodo actual con el mismo lapso del año anterior, cuando se habían detectado 17 casos con estas características críticas, el crecimiento de situaciones de peligro de muerte para las víctimas alcanza un drástico 217,6% en solo doce meses, lo que evidencia una problemática estructural que obliga a reconfigurar con urgencia las estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento.
La radiografía del dolor a nivel nacional
El escenario de desprotección regional se complementa de forma directa con un balance histórico de la problemática a nivel nacional. Los datos estadísticos registrados entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 confirmaron que en estos 11 años se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género en el país, lo que equivale al aberrante promedio de un asesinato de una mujer cada 30 horas. El desglose total del horror incluye 3073 femicidios directos y vinculados de mujeres y niñas, 78 trans/travesticidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones.
Como consecuencia colateral y directa de estos crímenes de odio, un total de 3840 hijas e hijos se quedaron sin su madre en el territorio nacional. De ese universo de personas afectadas, el 61% son menores de edad, lo que significa que el sistema social registra un niño huérfano cada 25 horas por razones de violencia machista. El análisis detalló que el grupo etario de mujeres más afectado se concentra entre los 31 y 50 años con el 36,1% de los casos, seguido por la franja de 19 a 30 años con un 29,1%.
La investigación estadística ratificó que el propio hogar continúa configurándose como el espacio físico de mayor desprotección para las mujeres en situación de vulnerabilidad: el 31,3% de los asesinatos se cometieron en la vivienda de la víctima y el 25,3% en un inmueble compartido con el agresor, superando ampliamente a la vía pública. En cuanto al vínculo preexistente, en casi el 60% de los hechos el criminal era la pareja actual o la expareja de la víctima, liderando el uso de armas de fuego como el método más recurrente con el 27,2% de los casos. En términos geográficos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó la lista histórica con 1115 femicidios, seguida por Santa Fe con 368 y Córdoba con 250 casos. Finalmente, se alertó sobre graves fallas en los sistemas de protección del Estado al constatar que el 13,8% de las víctimas fatales ya contaba con una denuncia penal previa y el 6% de los femicidas violó de forma activa una medida cautelar dictada por la Justicia antes de cometer el homicidio.
