La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva y obligó al Estado Nacional y a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a los familiares de las víctimas de la Masacre de Carmen de Patagones. La decisión llega tras dos décadas de litigio y consolida un precedente vital para las comunidades educativas de todo el país, desde el Alto Valle hasta la Patagonia profunda.
El 28 de septiembre de 2004, Rafael “Juniors” Solich irrumpió en el colegio Islas Malvinas. Vació un cargador de un arma reglamentaria contra sus propios compañeros. El saldo del ataque causó un impacto imborrable: tres estudiantes muertos y cinco heridos.
¿Por qué el Estado debe pagar por la masacre escolar?
La demanda civil fue sostenida por la madre de Sandra Núñez, una de las jóvenes que perdió la vida aquella mañana. Su objetivo siempre fue claro: demostrar la falla total de los controles institucionales. El arma utilizada pertenecía a un efectivo de la Prefectura Naval (jurisdicción del Estado Nacional) y la seguridad física de los alumnos dependía de las autoridades del colegio (jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires).
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución. Al no existir testimonios directos en la lectura del fallo, el documento oficial habla por sí solo y marca que el tribunal “desestimó por inadmisibles los recursos presentados por el Estado Nacional” y también rechazó el amparo interpuesto por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
De este modo, la Corte ratificó el deber de reparación económica y moral. Los jueces confirmaron la plena validez de “la causa por daños y perjuicios que impulsó la madre de Sandra Núñez”, y con esta firma cerraron un ciclo de dolor y desgaste procesal que duró 20 años.
