Las claves de la acusación contra Luis Bertolini por “negociación incompatible”
La justicia neuquina avanza en una causa que sacude la estructura política de Plottier. El intendente Luis Bertolini enfrenta este martes una audiencia clave en la Ciudad Judicial, donde la Fiscalía de Delitos Económicos busca formalizar cargos bajo una figura penal específica: negociación incompatible con la función pública.
A diferencia de otras causas de resonancia provincial —como la estafa con planes sociales o la investigación contra Gloria Ruiz—, en este caso el fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero no necesitan probar que el dinero terminó en los bolsillos del intendente. La lógica del artículo 265 del Código Penal es distinta: castiga el mero hecho de que un funcionario se “interese” en una operación para beneficiar a un tercero, utilizando su poder de decisión para quebrar la imparcialidad que exige el Estado.
El esquema: 160 contratos bajo la lupa
La acusación sostiene que Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, direccionaron sistemáticamente la compra de insumos y servicios hacia Pedro Vilches. El punto crítico del conflicto de intereses radica en que Vilches es socio de Mauricio López, quien es nada menos que el hijo de la funcionaria Ramírez.
Para la fiscalía, el patrón de 160 contratos adjudicados de manera discrecional, sumado a presuntas directivas verbales del intendente al área de Compras, configura el delito. En este esquema:
- Luis Bertolini y Gladys Ramírez: Imputados como coautores por tener el poder de decisión y el “interés” en el beneficio del entorno cercano.
- Mauricio López y Pedro Vilches: Imputados como partícipes necesarios, al ser los beneficiarios privados que cerraron el circuito operativo.
¿Por qué no se lo acusa de corrupción o fraude?
La distinción es técnica pero fundamental para la estrategia judicial. Mientras que la administración fraudulenta exige probar un perjuicio patrimonial (que el Estado perdió dinero o pagó sobreprecios), la negociación incompatible se centra en la ética del cargo.
Basta con acreditar que el funcionario usó su silla para favorecer a alguien con quien tiene un vínculo indirecto para que la ley actúe. La pena prevista para este delito oscila entre uno y seis años de prisión, sumada a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, lo que pondría fin a la carrera política de los involucrados en caso de una condena.
