El bloque legislativo de Plottier presentó un proyecto de ordenanza para frenar de manera inmediata la implementación del sistema de control electrónico de infracciones. La iniciativa busca suspender todos los actos administrativos derivados de la Ordenanza 3591/14, bajo la cual se pusieron en funcionamiento las fotomultas en el ejido urbano. El reclamo de los ediles surge tras la falta de transparencia en la contratación de la empresa prestataria y las dudas sobre la legalidad del convenio firmado por el Departamento Ejecutivo Municipal sin la debida intervención del cuerpo deliberativo.
El proyecto de resolución otorga un plazo perentorio de cinco días hábiles para que el Ejecutivo brinde informes técnicos y legales exhaustivos. Los concejales exigen conocer la razón social de la firma contratada, las proyecciones de recaudación estimadas y el destino específico de los fondos obtenidos. La sospecha de un fin netamente recaudatorio, en lugar de preventivo, ha generado un consenso unánime entre los distintos bloques para paralizar el cobro de las infracciones hasta que se audite el proceso de selección de la compañía y el funcionamiento de los radares.
Además del pedido de informes, la ordenanza solicita una copia certificada del contrato vigente y la fundamentación técnica que justificó la tercerización del servicio. La presión legislativa aumenta ante las reiteradas quejas de los vecinos por la falta de señalización y la arbitrariedad en la emisión de las multas. De prosperar la iniciativa en la próxima sesión, el sistema de fotomultas quedará inoperativo en toda la localidad, dejando en suspenso los procesos de ejecución de deudas y las notificaciones enviadas a los conductores durante los últimos meses.
