El primer loteo con servicios entregado por la municipalidad en la meseta neuquina, conocido como Distrito 7 (D7), se convirtió en el escenario de una violenta incursión delictiva protagonizada por un grupo de jóvenes. Durante la madrugada, los atacantes arremetieron contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, frente a las viviendas de los vecinos. Con una impunidad que quedó registrada en dispositivos móviles, los agresores utilizaron herramientas de mano para destruir cristales y sustraer pertenencias, evidenciando una preocupante falta de control en un sector que se percibe como una zona liberada para el vandalismo y el robo.
En las imágenes que circulan por redes sociales, se observa con nitidez a uno de los implicados utilizando un martillo para reventar el vidrio lateral de un automóvil Peugeot, mientras el resto del grupo se mofa de la situación. Tras concretar los robos y provocar cuantiosos daños materiales, los sospechosos huyeron con dirección sur por la calle Casimiro Gómez, internándose en el sector de Cuenca 15. La recurrencia de estos hechos en el D7 ha generado un clima de hartazgo entre los adjudicatarios del loteo, quienes denuncian que la seguridad prometida al momento de la entrega de tierras nunca se materializó de forma efectiva.
La principal crítica de la comunidad recae sobre la deficiente respuesta de la fuerza de seguridad. Si bien existe una posta policial instalada en el corazón del Distrito 7, los vecinos aseguran que carece de presencia permanente y personal suficiente para patrullar las calles de la meseta. Al tratarse de una estructura menor y no de una comisaría con recursos propios, la seguridad del área depende operativamente de la Comisaría 20, ubicada a varios kilómetros de distancia, lo que provoca que las patrullas lleguen al lugar cuando los delincuentes ya han escapado.
El sentimiento de inseguridad en esta zona de la capital se agrava por la desfachatez de los autores, quienes según los testimonios, actúan sin ningún tipo de prisa ni temor a las consecuencias legales. El reclamo vecinal es unánime y apunta a una mayor inversión en infraestructura de vigilancia, dado que el crecimiento poblacional de la meseta no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación policial. Mientras los damnificados deben costear los daños en sus vehículos, el Distrito 7 permanece expuesto a bandas que encuentran en la falta de patrullajes el escenario ideal para sus ataques sistemáticos.
