El Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra la agente de la Policía del Neuquén, Camila Rocío Esperanza, por el delito de lesiones gravísimas tras el atropello de la pequeña Catalina en noviembre pasado. La acusación se basa en la conducta negligente de la uniformada, quien al momento del siniestro conducía un móvil oficial a una velocidad superior a la permitida y sin las sirenas reglamentarias encendidas. El hecho, ocurrido el 19 de noviembre a pocas cuadras de la vivienda de la niña, ha dejado secuelas permanentes que mantienen a la víctima en un complejo proceso de rehabilitación fuera de la provincia.
Paola Marifil, madre de Catalina, expresó tras la audiencia judicial que la situación actual de su hija es producto directo de una acción que se pudo evitar. Mientras la causa judicial avanza para determinar el grado de responsabilidad penal de la funcionaria, la niña atraviesa jornadas de rehabilitación intensiva en la clínica Fleni, en Buenos Aires, tras haber pasado por el hospital Castro Rendón. Los informes médicos detallan que Catalina ingresa diariamente a terapias que se extienden por siete horas, buscando recuperar funciones cognitivas y motrices que fueron severamente dañadas durante el impacto.
En el plano emocional, la familia reportó avances significativos que contrastan con la parálisis del proceso administrativo interno de la fuerza. Catalina ha comenzado a mostrar signos de conexión emocional ante estímulos específicos, como videos de patín artístico, disciplina que practicaba antes del siniestro. No obstante, el camino es lento y la familia debe sostener su estadía en la Capital Federal para garantizar el tratamiento. La madre fue tajante al señalar que la imputación es un paso necesario, ya que su hija no presentaba lesiones previas y la responsabilidad penal de quien conducía el vehículo oficial debe ser ratificada por la justicia.
La imputación de Esperanza marca un hito en la búsqueda de justicia por un caso que conmocionó a la localidad de Plottier. Los peritajes accidentológicos fueron determinantes para establecer que la agente no cumplió con los protocolos de emergencia ni con las normas básicas de tránsito al circular por una zona residencial. Mientras la agente policial enfrenta el proceso judicial en libertad, el equipo interdisciplinario que asiste a Catalina documenta cada mínima respuesta cognitiva para fortalecer un tratamiento que, aunque alentador en sus pequeños logros, expone las consecuencias irreversibles de la imprudencia al volante de un patrullero.
