La Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló una red de adolescentes que planificaba una masacre escolar con objetivos raciales y antisemitas en distintos puntos del país. La investigación, que se inició tras una alerta de seguridad emitida por el FBI, permitió identificar a dos menores de edad que, a pesar de no conocerse personalmente, coordinaban ataques mediante plataformas virtuales. Los operativos se extendieron desde la ciudad fronteriza de La Quiaca hasta la localidad balnearia de Miramar y el conurbano bonaerense, revelando una estructura de odio que pretendía replicar tiroteos masivos ocurridos en el exterior.
Durante los allanamientos, los efectivos de la DUIA incautaron un arsenal que incluía armas blancas, municiones y abundante material con simbología nazi, además de dispositivos electrónicos donde se almacenaba propaganda supremacista de extrema derecha. Los investigadores de la UFECI determinaron que los sospechosos utilizaban las redes sociales para difundir mensajes de odio y reclutar a otros jóvenes para ejecutar atentados “masivos y raciales”. La gravedad del hallazgo radica en la sofisticación del discurso de odio y la preparación logística que los adolescentes habían alcanzado de manera autónoma.
En un caso paralelo pero vinculado por el mismo protocolo de prevención, un joven de 16 años fue detenido por planificar un tiroteo en su antiguo colegio del barrio de Caballito, en Buenos Aires. El adolescente había publicado amenazas directas en la red social X, detallando planes para un ataque armado durante el mes de noviembre. Este operativo conjunto entre la PFA y agencias internacionales subraya una tendencia creciente y alarmante: el incremento de la masacre escolar como un ideal entre adolescentes radicalizados en foros de internet, sumando ya 13 investigaciones similares en los últimos dos años.
Los elementos secuestrados, que incluyen computadoras y documentación relevante, quedaron a disposición de la justicia federal bajo la carátula de intimidación pública. Los detectives advierten que el consumo de propaganda extremista funciona como un catalizador para estos jóvenes que, aislados en la virtualidad, encuentran en la violencia armada una forma de validación ideológica. La intervención judicial de la fiscalía de Mar del Plata y del juez Santiago Inchausti busca ahora determinar si existen más implicados en esta red de odio que puso en jaque la seguridad de múltiples establecimientos educativos en Argentina.
