La salud pública sufre una reforma silenciosa que golpea a los más vulnerables. Trabajadores del Hospital Castro Rendón denuncian que una nueva resolución interna fuerza la integración de los servicios de Salud Mental y Adicciones. Bajo una apariencia de “eficiencia”, esta medida elimina ocho camas críticas para pacientes con cuadros agudos de consumo problemático en la sede de la calle Belgrano.
“Esa integración encubre un ajuste porque no están dadas las condiciones ni edilicias ni está el recurso humano para poder absorber la demanda que hay”, expresó Victoria Santangelo, al ser consultada por Rigo Castaño durante la manifestación que realizaron en el CAM.
Al desaparecer estas plazas de internación breve, el hospital encamina a personas sin red de contención hacia un encierro perpetuo, hacia dispositivos de salud en lo que los profesionales definen como un “cronicario” o manicomio moderno. Sin centros de día operativos (el actual funciona en un lugar prestado hace un año) ni casas de medio camino, el sistema abandona la rehabilitación para apostar al aislamiento.
“El riesgo es que esa internación sea perpetua. En lugar de armar un dispositivo intermedio, lo que hacen es reemplazar seguir internando”, consideró Santangelo .
¿Por qué la integración de servicios oculta un vaciamiento?
La falta de recursos humanos y edilicios impide que la unificación sea efectiva. Los profesionales advierten que no hay capacidad para absorber la demanda actual sin los dispositivos intermedios que el Estado dejó de financiar. Además, la brecha de género persiste: el servicio de adicciones sigue sin ofrecer internación para mujeres, un derecho negado históricamente que la nueva resolución tampoco resuelve.
