En una tensa conferencia de prensa brindada este viernes, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, rompió el silencio tras los ocho allanamientos simultáneos que sacudieron la estructura municipal y su propio domicilio particular. El jefe comunal fue categórico al afirmar que no abandonará su cargo, sosteniendo que su continuidad responde al mandato legítimo del 57% de los votos obtenidos. Pese a la gravedad de la investigación que encabeza el fiscal jefe Pablo Vignaroli, Bertolini calificó la situación como una “mala interpretación” de la normativa local y deslizó que la denuncia, presentada a mediados de enero, posee un trasfondo de oportunismo político.
La causa judicial que complica al mandatario se divide en dos ejes críticos por presuntos delitos contra la administración pública. El primero se centra en un decreto firmado por Bertolini mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo selecto de contribuyentes del barrio privado Los Canales. Según la fiscalía, esta medida constituye un abuso de autoridad, dado que la Carta Orgánica de Plottier reserva exclusivamente al Concejo Deliberante la facultad de otorgar beneficios tributarios. El fiscal Vignaroli subrayó, además, que la excepción se aplicó de manera desigual entre propietarios que se encontraban en idénticas condiciones técnicas.
El segundo eje de la investigación apunta a una posible negociación incompatible con la función pública. La Justicia detectó contratos con la empresa Valco, cuyos socios estarían vinculados directamente con Gladys Ramírez, subsecretaria de Hacienda del municipio. Concretamente, uno de los propietarios de la firma es hijo de la funcionaria, y la empresa carecería de CUIT habilitado. Se investiga si se utilizaron nombres de terceros para facturar y así “dar apariencia de legalidad” a contrataciones que, por parentesco, estarían prohibidas. Documentación clave sobre estas maniobras fue secuestrada directamente del despacho del intendente durante los operativos.
Mientras Bertolini asegura estar a total disposición de la fiscalía y promete sumariar a cualquier implicado, el escenario institucional en Plottier ingresa en una zona de incertidumbre. La Carta Orgánica establece que, ante una imputación por delito doloso, la suspensión preventiva procede de pleno derecho una vez dictado el procesamiento. Si la Justicia avanza, el desplazamiento del intendente sería inminente, dejando el Ejecutivo en manos de la presidencia del Concejo Deliberante. En este contexto, la próxima elección de autoridades legislativas, prevista para después del 15 de febrero, adquiere una relevancia política total, definiendo quién quedaría en la línea de sucesión ante una eventual salida del actual mandatario.
