El fiscal jefe Pablo Vignaroli expuso los mecanismos detrás del millonario desvío de fondos públicos operado a través de la cooperativa Viento Sur. La investigación judicial sostiene que los fondos, originalmente destinados a un programa de capacitación en oficios para la inserción laboral, fueron drenados mediante una serie de irregularidades administrativas que involucran tanto a exministros como a referentes de organizaciones sociales vinculadas al FOL.
La cifra del perjuicio asciende a 1.206 millones de pesos a valores históricos, los cuales fueron desembolsados de manera sistemática entre julio de 2022 y diciembre de 2023. Según la fiscalía, el dinero nunca cumplió su fin pedagógico ni facilitó el acceso al empleo de los asociados, sino que fue utilizado con una finalidad distinta a la prevista en el decreto que creó el programa, vulnerando la normativa de administración financiera.
El Ministerio Público Fiscal detectó que una parte sustancial de las transferencias terminó en cuentas bancarias de particulares bajo el concepto de “salarios” sin respaldo documental ni contratos de trabajo que justificaran los pagos. Asimismo, los peritajes indican que los fondos públicos habrían financiado la compra de inmuebles en las localidades de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, además de la adquisición de vehículos y el sostenimiento operativo de la organización.
Un punto crítico de la acusación reside en la omisión de los controles estatales, dado que la Contaduría General de la Provincia emitió advertencias explícitas sobre las fallas en las rendiciones de cuentas de la cooperativa. Pese a estas alertas técnicas, los funcionarios imputados habrían continuado autorizando los pagos mensuales a la Tesorería, lo que les atribuye el rol de autores o coautores de administración fraudulenta.
La causa involucra a figuras como Diego Mauro y la exdiputada Gabriela Supisich, quienes enfrentan cargos por una maniobra que, si bien no fue encuadrada como asociación ilícita, representa un golpe millonario al erario público. Con el cierre de la investigación previsto para el mes de abril, la fiscalía se prepara para presentar la acusación formal y elevar el caso a un juicio donde los responsables podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
