El histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ha sufrido un revés crítico este miércoles. El Parlamento Europeo, con una votación ajustada de 334 votos a favor y 324 en contra, decidió bloquear temporalmente la ratificación del convenio para someterlo a una revisión legal por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Esta medida busca determinar si la estrategia del Consejo de dividir el capítulo arancelario del institucional para acelerar la aprobación respeta los tratados fundacionales del bloque de los 27.
La resistencia liderada por Francia y otros sectores agrícolas europeos finalmente logró imponer este filtro judicial, que podría demorar la implementación definitiva durante varios meses. La controversia radica en el intento de las autoridades europeas de aplicar un “atajo” legal que permitiera aprobar la parte comercial del pacto sin requerir la unanimidad de todos los parlamentos nacionales, una maniobra que ahora queda bajo la lupa de la justicia comunitaria. El convenio, que había dado un paso formal el pasado fin de semana en Asunción, entra así en una zona de incertidumbre técnica y política.
En el plano regional, el presidente Javier Milei ya había incluido el tratamiento de este acuerdo de libre comercio en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Argentina, junto a los demás miembros plenos del Mercosur, debe avanzar con la aprobación parlamentaria interna, pero el freno en Estrasburgo altera el cronograma previsto por la Casa Rosada. La apuesta del gobierno libertario por una apertura comercial inmediata se topa con la burocracia de los tribunales europeos, que ahora deberán expedirse sobre la validez del formato del pacto.
Este escenario obliga a los negociadores a una nueva fase de diplomacia intensiva mientras se aguarda el fallo judicial. Los sectores productivos del Cono Sur, que veían en el cierre de este acuerdo de libre comercio una oportunidad histórica para la exportación, deberán recalibrar sus expectativas ante la posibilidad de que el proceso se dilate hasta finales de 2026. La decisión del Parlamento Europeo no anula lo firmado en Paraguay, pero suspende los pasos institucionales necesarios para que el comercio preferencial tenga plena vigencia entre ambos bloques.
