En un escenario de vulnerabilidad extrema, el municipio de El Bolsón ha decidido aplicar una política de tolerancia cero contra quienes ignoren la prohibición de encender llamas. En el marco de la actual emergencia ígnea, el Juzgado de Faltas local ya ha dictado sentencias firmes con multas millonarias que superan el millón y medio de pesos. Esta medida busca frenar la irresponsabilidad de vecinos y turistas en un momento donde las condiciones climáticas de la región cordillerana presentan un riesgo crítico de propagación de incendios forestales, poniendo en peligro tanto la biodiversidad como la seguridad de los habitantes.
El coordinador de Gabinete, Nicolás Distchenky, confirmó que los operativos de fiscalización se han intensificado tras detectar casos de desobediencia civil explícita. Uno de los episodios más graves involucró a un hostel clandestino que, a pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades, persistió en la realización de fogones. La respuesta estatal fue contundente: el establecimiento fue clausurado de inmediato y recibió una sanción de 1,5 millones de pesos. Según las autoridades, los montos de las multas poseen un carácter disuasivo y pueden agravarse significativamente dependiendo de la reincidencia y el peligro generado bajo la normativa de la emergencia ígnea.
Actualmente, el municipio tramita más de 20 causas judiciales relacionadas no solo con el uso indebido del fuego, sino también con el mantenimiento deficiente de terrenos baldíos y pastizales altos. El protocolo de actuación se activa mediante denuncias vecinales o inspecciones de Protección Civil y Bomberos Voluntarios; una vez detectada la infracción, se eleva el informe al Juzgado de Faltas para la aplicación de la sanción. Esta articulación entre las fuerzas de seguridad y el área de Comercio municipal pretende blindar a la localidad ante cualquier descuido que pudiera derivar en una catástrofe irreversible en el entorno natural.
Desde el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Bruno Pogliano, remarcaron que el objetivo primordial no es recaudatorio, sino la preservación de la vida y el patrimonio forestal. La emergencia ígnea exige un compromiso social absoluto, ya que el sistema de salud y de emergencias ya se encuentra exigido por la temporada estival. Las autoridades instan a la comunidad a continuar denunciando conductas de riesgo, recordando que en el contexto actual de sequía y altas temperaturas, cualquier chispa puede desatar un siniestro de magnitudes incalculables para la Comarca Andina.
