El concejal de San Patricio del Chañar, Jonathan Lagos, presentó una fuerte denuncia institucional contra el gobierno de la provincia de Tucumán, acusándolo de fomentar una migración descontrolada de ciudadanos hacia el Alto Valle neuquino sin garantías laborales ni habitacionales. Según el edil, el gobierno tucumano subsidia de manera directa el transporte conocido como “El Tucumanito”, que promociona viajes gratuitos semanales hacia Neuquén y Río Negro. Esta situación ha provocado que cientos de personas lleguen a la localidad con la falsa expectativa de una emergencia habitacional inexistente, terminando en condiciones de indigencia, pernoctando en plazas o sumándose a tomas de tierras que ya albergan a más de 600 familias.
Lagos envió una carta documento al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, exigiendo responsabilidad institucional ante lo que considera una maniobra para “dibujar” las estadísticas de desocupación en el norte del país. El concejal sostiene que, mientras Tucumán ostenta bajos índices de pobreza, en San Patricio del Chañar el impacto social es evidente: el 40% de la población en situación de vulnerabilidad y desocupación proviene de esa provincia. Esta falta de planificación estatal no solo desborda los servicios de asistencia alimentaria locales, sino que expone a los migrantes a situaciones de emergencia habitacional extrema, donde la falta de un contrato previo de trabajo los convierte en blancos fáciles para la explotación laboral y la trata de personas.
La problemática de los denominados “trabajadores golondrina” ha cambiado de perfil este año; ya no llegan contingentes con empleos pactados para la cosecha, sino ciudadanos atraídos por una supuesta prosperidad neuquina que choca con la realidad de un mercado laboral saturado. Lagos señaló que la municipalidad se encuentra desbordada y que, a pesar de los relevamientos realizados por organismos provinciales como el IPVU, no ha habido respuestas concretas en los últimos dos años. La denuncia apunta a que el Estado tucumano prefiere “enviar a sus ciudadanos a Neuquén” antes que mejorar las condiciones de vida en su propio territorio, generando un conflicto social creciente en las localidades frutícolas.
Desde el Concejo Deliberante se reclama que el gobierno de Neuquén y las fuerzas de seguridad articulen controles más estrictos sobre los ingresos y las condiciones de transporte. Si bien no se puede prohibir la libre circulación constitucional, Lagos insiste en que se debe fiscalizar quiénes llegan y bajo qué promesas lo hacen para evitar que el Chañar se convierta en un refugio de precariedad. La emergencia habitacional declarada hace dos años en la localidad se ve hoy agravada por esta corriente migratoria subsidiada, que amenaza con consolidar asentamientos irregulares permanentes y profundizar la crisis de servicios básicos en el norte neuquino.
