Una joven madre identificada como Aldana denunció públicamente el calvario que atraviesa tras ser víctima de un brutal ataque y sufrir la retención indebida de su hijo de 3 años por parte de su expareja. El episodio más violento ocurrió el pasado 6 de enero en la intersección de las calles Godoy y Novella, cuando el agresor interceptó el vehículo donde se encontraba la mujer. Según el relato de la víctima, el hombre rompió el cristal del auto con el mango de un hacha, la sacó por la ventanilla y comenzó a golpearla ferozmente. La situación escaló hasta el intento de femicidio cuando el atacante intentó asestarle un hachazo en el rostro, impacto que terminó recibiendo el padre de Aldana al interponerse para salvarle la vida.
El progenitor de la denunciante sufrió un profundo corte en la mejilla producto del hachazo, debiendo intervenir la policía para frenar la agresión en plena vía pública. A pesar de la gravedad del hecho y de los antecedentes de violencia de género y consumo de estupefacientes que pesan sobre el atacante, la justicia aún no ha dictado medidas que garanticen la seguridad de la mujer ni la restitución del menor. Aldana afirma que su hijo permanece “secuestrado” por el padre y los abuelos paternos desde hace 40 días, rompiendo un convenio informal de visitas y bloqueando todo contacto con el niño, quien hasta el momento del conflicto convivía permanentemente con su madre.
La denunciante sostiene que la familia del agresor utiliza “falsas denuncias” para dilatar los tiempos judiciales y mantener al menor en su poder. Según Aldana, el niño aún se encontraba en etapa de lactancia al momento de la separación forzosa, lo que agrava el daño vincular y psicológico. El reclamo apunta directamente a la lentitud del sistema judicial neuquino, que no ha activado el protocolo de restitución inmediata a pesar de las pruebas del ataque con hacha y la peligrosidad manifiesta del agresor, quien nunca habría cumplido con la cuota alimentaria y mantenía una relación de extorsión económica con la víctima.
El entorno de la joven teme por su integridad física ante la falta de una consigna policial efectiva y el estancamiento de la causa penal por el ataque del 6 de enero. Aldana exige que se acelere el trámite de reintegro del menor, denunciando que el grupo familiar del atacante, que participó activamente en los incidentes violentos, pretende instalar una versión falsa sobre la crianza del niño para justificar la retención. La urgencia del caso radica en la vulnerabilidad de la víctima y la escalada de agresiones que, hasta ahora, solo fueron frenadas por la intervención de terceros.
