En una jornada legislativa determinante, el Congreso de la Nación avanzó en dos proyectos que redefinen el marco social y productivo del país: la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la modernización del sistema de trabajo. Mientras en la Cámara de Diputados se logró la media sanción para permitir que menores de edad enfrenten procesos penales, el Senado hizo lo propio con la reforma laboral. Marcelo Bermúdez, diputado provincial, defendió ambas medidas al señalar que una persona de 14 años tiene plena conciencia de la gravedad de delitos como el asesinato o la violación, aunque advirtió que el éxito de la norma dependerá de la creación de una infraestructura especial que evite el contacto de los menores con adultos y garantice su resocialización.
Desde la vereda opuesta, Mónica Belli, referente del Foro en Defensa de las Infancias, calificó la medida como un acto de crueldad que no resuelve la inseguridad. Belli sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad ignora las causas estructurales como la exclusión temprana y las adicciones, y alertó que el sistema carcelario actual está desbordado, lo que terminará por condenar emocionalmente a niños que necesitan acompañamiento estatal y no castigo. Para el foro, el retiro de las políticas sociales y la falta de presupuesto para instituciones especializadas convierte a esta ley en una herramienta regresiva que fija la conducta delictiva en lugar de restaurar el vínculo del joven con la sociedad.
En paralelo, la aprobación de la reforma laboral en la Cámara Alta generó reacciones divididas. Bermúdez destacó que la nueva normativa brinda claridad sobre conceptos remunerativos e indemnizatorios, lo que reduciría la litigiosidad judicial. Sin embargo, el legislador expresó sus dudas respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), señalando que su financiamiento mediante descuentos a las contribuciones del ANSES podría desfinanciar el sistema previsional en una primera etapa. Asimismo, criticó el retroceso que significó la eliminación de las billeteras virtuales como medio de pago de haberes, atribuyendo este cambio a la presión del sector bancario sobre el texto original.
En la región, el impacto político se reflejó en el voto de los representantes locales. Los senadores neuquinos Nadia Márquez, Pablo Cervi y Julieta Corazza apoyaron la reforma, mientras que en Río Negro, Martín Soria y Ana Marks votaron en contra. El debate ahora se traslada a las comisiones restantes, donde la baja de la edad de imputabilidad enfrentará el desafío de demostrar si el Estado nacional y las provincias dispondrán finalmente de los fondos necesarios para que la ley no sea solo una declaración de punibilidad dura, sino un sistema real de justicia restaurativa para menores en situación de vulnerabilidad.
