Una chacra dedicada a la producción frutícola en la zona de 25 de Mayo fue clausurada de manera preventiva tras un operativo que permitió rescatar a 19 trabajadores rurales provenientes de Tucumán. Los peones, que habían llegado a la región para la cosecha de manzana, fueron hallados en condiciones de extrema precariedad, habitando estructuras improvisadas que carecían de los requisitos mínimos de salubridad. La intervención, motivada por una denuncia anónima, dejó al descubierto una situación de explotación laboral donde los trabajadores no contaban con acceso a agua potable, instalaciones sanitarias ni espacios adecuados para la higiene y alimentación.
El procedimiento fue ejecutado por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, con la participación de inspectores de Renatre, Uatre y la división de Trata de Personas de la Policía. Durante la inspección, los agentes constataron la gravedad de la vulneración de derechos, calificando el escenario como un caso crítico de deshumanización en el sector rural. El establecimiento fue cerrado de inmediato para frenar las actividades ante el peligro inminente para la salud de los operarios, quienes se encontraban totalmente desprotegidos frente a las exigencias climáticas y físicas de la temporada.
Gerardo Salvadori, director general de Inspecciones, confirmó que se iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales para determinar la responsabilidad penal de los dueños del predio. Mientras avanza la investigación, se dispusieron medidas de asistencia y resguardo para el contingente tucumano, garantizando su alimentación y alojamiento digno. Este hallazgo reaviva la polémica sobre los controles en el Alto Valle y la persistencia de mecanismos de explotación laboral que utilizan la vulnerabilidad de los trabajadores temporales para reducir costos operativos durante la zafra de la fruta.
La clausura de la propiedad marca un precedente en las inspecciones de la temporada 2026, evidenciando que la falta de contratos formales y de infraestructura básica sigue siendo una constante en ciertos establecimientos de la región. La Justicia interviene ahora para evaluar si existen elementos que configuren el delito de trata de personas con fines de explotación, mientras los organismos de control exigen un endurecimiento de las sanciones para los empleadores que mantienen al personal en condiciones de servidumbre en pleno siglo XXI.
