La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente la nulidad absoluta del juicio oral en la denominada Causa Cuadernos, argumentando que el proceso judicial está viciado por irregularidades estructurales. El abogado Carlos Beraldi, al retomar la actividad tras la feria judicial de enero, denunció ante el Tribunal Oral una “interferencia del poder político” y sostuvo que el expediente se originó mediante una maniobra de engaño procesal. El planteo técnico cuestiona la legitimidad de las actuaciones iniciales, señalando que la causa carece de las garantías mínimas para asegurar un debido proceso.
El eje central de la impugnación radica en el cuestionamiento a la Ley del Arrepentido. Según la exposición de la defensa, las declaraciones de los empresarios involucrados no fueron libres, sino que fueron obtenidas bajo coacción mediante el uso sistemático de prisiones preventivas para “quebrar” la voluntad de los imputados. Beraldi calificó el mecanismo como una “estafa procesal”, asegurando que no se respetaron los protocolos legales de registro y que el objetivo final era forzar confesiones que vincularan directamente a la exmandataria con la estructura de recaudación de fondos.
Asimismo, la defensa insistió en la existencia de un esquema de “forum shopping” en la etapa de instrucción. Se denunció que la asignación del juez y el fiscal no fue aleatoria, lo que constituye una violación al principio del juez natural. Para Beraldi, la continuidad del debate oral significaría avalar ilegalidades que deben ser sancionadas con la clausura definitiva de la causa. El planteo busca invalidar la prueba troncal del expediente antes de que el tribunal avance hacia la etapa de indagatorias y el análisis pormenorizado de las anotaciones de los choferes involucrados.
El proceso se encuentra actualmente en la fase de cuestiones preliminares, donde 28 defensas técnicas presentarán sus objeciones antes de entrar en el fondo del debate. Con 86 imputados en el banquillo, entre exfuncionarios y empresarios de la construcción, el tribunal deberá resolver si los argumentos de nulidad presentados por la Ley del Arrepentido tienen el peso suficiente para derribar una de las causas más emblemáticas de la última década. La fiscalía, por su parte, mantiene la validez de los tiempos y las formas aplicadas, anticipando un rechazo a los pedidos de las defensas.
