Un dramático episodio de violencia familiar y amedrentamiento sumó un nuevo capítulo de extrema gravedad en la capital provincial, encendiendo las alarmas sobre los mecanismos de protección a las víctimas. Una joven identificada como Fernanda, de 21 años, denunció públicamente haber sido brutalmente atacada en la vía pública y sufrir represalias sistemáticas por parte de E.J.C., un hombre con antecedentes penales que es la expareja de su hermana. La agresión física y los posteriores ataques contra la vivienda familiar, perpetrados a piedrazos por allegados al agresor, ocurrieron en presencia de menores de edad en el sector Jarillal, ubicado en la zona de la Meseta neuquina, tras una escalada que también tuvo episodios violentos en el barrio Villa Ceferino.
La secuencia de agresiones se desencadenó a partir de las denuncias judiciales que la familia radicó contra el acusado por hechos previos de violencia de género y maltrato infantil. Según el testimonio de la víctima, Campos interceptó a la joven, la golpeó de forma directa en el rostro y llegó a amenazarla de muerte apuntándole con una pícana eléctrica a la altura del tórax. Posteriormente, una patota integrada por familiares del agresor acudió a la propiedad del sector Jarillal —donde residen adultos mayores y niños de 2, 5 y 10 años— para violentar el inmueble arrojando piedras de gran tamaño, vulnerando de manera flagrante las órdenes de restricción de acercamiento e intimidación que la Justicia provincial había dictado con anterioridad.
El trasfondo del caso revela un historial de peligrosidad procesal y antecedentes gravísimos. El acusado cumplió previamente una condena de 10 años de prisión por un homicidio y recuperó la libertad hace apenas un año y medio. A pesar de la gravedad de las lesiones constatadas en la joven, las amenazas de muerte que continúan enviándole a través de redes sociales y el desacatamiento de la medida cautelar perimetral, la Policía del Neuquén no ha efectivizado la detención del sospechoso, quien permanece en libertad. Ante esta situación de desprotección, la Fiscalía dispuso de forma urgente una consigna policial permanente en el domicilio para evitar nuevos ataques de la banda.
Atemorizada por la escalada de las represalias y la falta de aprehensión del imputado, Fernanda responsabilizó públicamente al acusado y a su entorno familiar por cualquier atentado que pudiera sufrir ella o su grupo cercano. Mientras los investigadores judiciales avanzan en la apertura de causas paralelas por amenazas calificadas y daños contra los allegados que participaron del ataque a la vivienda, la familia exige celeridad en las medidas de coerción para frenar un espiral de violencia que lleva más de una década afectando a sus integrantes.
