En un giro dramático para la institucionalidad de la localidad, el intendente Luis Bertolini presentó su renuncia indeclinable este jueves 30 de abril. La dimisión ocurre apenas horas después de que la justicia rechazara un pedido de prisión domiciliaria en su contra, pero le impusiera restricciones severas de contacto con testigos en la causa por presuntas negociaciones incompatibles.
A través de un comunicado, Bertolini fundamentó su salida no como una admisión de culpa, sino como un acto de “profundo respeto” por el 57% de los votantes que lo eligieron. El ahora exjefe comunal denunció ser víctima de una “maniobra judicial y política sin precedentes” destinada a desgastar su gestión mediante el uso de la fiscalía y la difusión mediática.
Bertolini enfatizó que el eje de la acusación ha mutado significativamente desde el inicio de la investigación:
- Sin fraude ni sobreprecios: Aseguró que el Ministerio Público Fiscal desistió de los cargos por administración fraudulenta y abuso de autoridad tras una pericia contable que confirmó la ausencia de faltantes de fondos o sobreprecios en el municipio.
- Negociación incompatible: Sostuvo que la causa se limita actualmente a investigar si hubo un “interés” en la adjudicación de contratos, un proceso que —afirmó— deberá resolverse en los tribunales para demostrar su inocencia.
- Cuestionamiento a los allanamientos: Calificó como parte del “relato” los procedimientos realizados en su domicilio particular meses atrás.
Crisis institucional en el Concejo Deliberante
La renuncia se precipitó en un clima de máxima tensión, ya que el Concejo Deliberante de Plottier ya había avanzado con la suspensión del mandatario, eliminando el cobro de su sueldo y disponiendo un reemplazo interino mientras se evaluaban pedidos de juicio político.
Con la salida de Bertolini, la ciudad enfrenta ahora el desafío de reorganizar su esquema ejecutivo en medio de una investigación por contrataciones que rondan los 2.300 millones de pesos y que involucran a otros funcionarios clave como Gladys Ramírez, quien tiene prohibido el ingreso a dependencias municipales por orden judicial.
