Israel oficializa la pena de muerte y la horca será el castigo por defecto para palestinos en Cisjordania
En una sesión marcada por la máxima tensión política y una fractura social evidente, el Parlamento israelí (Knesset) aprobó este lunes una ley histórica que autoriza la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento. La normativa, impulsada por el ala más radical del Gobierno de coalición, establece la pena capital como el castigo “por defecto” para los palestinos de la Cisjordania ocupada que sean hallados culpables de matar a israelíes en lo que la legislación define como “actos de terrorismo”.
Con 62 votos a favor y 48 en contra, la medida transforma un sistema judicial que no ejecutaba a nadie desde 1962. Bajo el nuevo marco legal, los tribunales militares —que juzgan exclusivamente a población palestina— estarán obligados a dictar sentencias de muerte, permitiendo la cadena perpetua solo en “circunstancias especiales” no especificadas. Además, la ley elimina el derecho al indulto y exige que la ejecución se lleve a cabo en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia definitiva, una celeridad que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales.
Un sistema de justicia dual y discriminatorio
El texto aprobado crea una distinción jurídica que, según organizaciones de derechos humanos, profundiza el sistema de apartheid. Mientras que los palestinos en Cisjordania quedan sujetos a la rigurosidad de las cortes castrenses —donde la tasa de condena supera el 96%—, los colonos israelíes en el mismo territorio siguen bajo la justicia civil. Incluso en el ámbito civil, la ley exige demostrar que el crimen tuvo el objetivo de “negar la existencia del Estado de Israel”, un requisito ideológico que blinda en la práctica a ciudadanos judíos frente a esta condena.
El ministro de Seguridad Nacional y principal promotor de la ley, Itamar Ben Gvir, celebró el resultado como una “medida disuasoria” necesaria. “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel”, afirmó el líder ultraortodoxo, quien durante la sesión lució una insignia con forma de soga en la solapa. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la votación argumentando que existen criminales que “no merecen vivir”.
Rechazo internacional y advertencia de crímenes de guerra
La respuesta global no se ha hecho esperar. Amnistía Internacional calificó la reforma como una “exhibición pública de crueldad” y advirtió que cualquier ejecución de personas protegidas en territorio ocupado podría constituir un crimen de guerra. La Unión Europea, junto a los cancilleres de Alemania, Francia e Italia, instó a Israel a derogar la ley, señalando que este retroceso socava los compromisos democráticos del país y contraviene el derecho internacional.
En el plano interno, la oposición y los partidos árabes denunciaron que la ley normaliza el asesinato estatal y deshumaniza aún más a la población palestina. Se espera que en los próximos días diversos colectivos de derechos humanos impugnen la normativa ante el Tribunal Supremo, la última instancia que podría frenar la implementación de la horca en un conflicto que, lejos de amainar, suma una nueva y sombría herramienta de castigo.
