La fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal (MPF) ejecutó esta mañana ocho allanamientos simultáneos en las ciudades de Plottier, Neuquén y Cipolletti, en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública. Entre los puntos intervenidos por la Policía provincial se encuentran la sede de la Municipalidad de Plottier y el domicilio particular del intendente Luis Bertolini. Los procedimientos, autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez, buscan recolectar evidencia física y digital que permita esclarecer una trama de corrupción que involucra beneficios fiscales injustificados y direccionamiento de obra pública.
La investigación por corrupción se originó a partir de una denuncia presentada a mediados de enero de 2026, la cual puso bajo la lupa dos hechos específicos. El primero se refiere al decreto 646/25, mediante el cual Bertolini habría eximido del pago de tasas municipales a los residentes del exclusivo barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025. El segundo eje de la causa investiga el manejo irregular en la contratación de una empresa constructora para obra pública, cuyos socios estarían estrechamente vinculados a funcionarios de la actual gestión municipal, configurando un posible caso de negociaciones incompatibles.
Bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el equipo integrado por Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, los efectivos secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación contable en cinco puntos de Plottier, dos de la capital neuquina y uno en Cipolletti. La fiscalía busca determinar si existió una administración fraudulenta orquestada desde el Ejecutivo para favorecer a sectores económicos específicos y socios comerciales, en detrimento de las arcas públicas del municipio. El peritaje de los soportes informáticos será clave para deslindar responsabilidades sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hasta el momento, el operativo se desarrolla bajo un hermetismo estricto respecto a posibles detenciones, aunque el secuestro de información en la sede comunal ha paralizado parcialmente la actividad administrativa. La investigación por corrupción apunta a un esquema de beneficios cruzados entre el poder político y el sector privado que habría operado durante todo el último año. La resolución de los fiscales sobre las imputaciones formales dependerá del análisis de los archivos digitales recuperados hoy, los cuales podrían confirmar la existencia de una red de desvío de fondos y exenciones ilegales en beneficio de círculos de privilegio.
