En un escenario de fuerte tensión y con un despliegue policial que incluyó el vallado perimetral del Hotel Sol de Añelo, se desarrolló este jueves la audiencia pública por el proyecto La Angostura Norte II. Organizaciones ambientales, políticas y comunidades de la Confederación Mapuche se concentraron en las puertas del recinto para denunciar que la instancia, lejos de ser un espacio democrático, funciona como un trámite administrativo para validar la instalación de más de 1.000 pozos de fracking en el entorno de los embalses Los Barreales y Mari Menuco. Yamila Del Palacio, vocera de la campaña “Salvemos el Mari Menuco”, denunció que el avance de la industria petrolera sobre estas fuentes de agua pone en riesgo el suministro para consumo humano y riego de gran parte de la Norpatagonia.
La principal crítica de los manifestantes radica en la falta de transparencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual fue publicado de manera parcial por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Según los técnicos y referentes de las organizaciones presentes, esta omisión de información limita severamente la capacidad de evaluar los riesgos reales sobre los acuíferos estratégicos. La expansión hacia el bloque La Angostura Norte II se suma a los proyectos ya aprobados el año pasado, conformando un sistema de explotación que los ambientalistas califican de inconstitucional por no contemplar los impactos acumulativos ni realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que habitan el territorio.
Desde el Observatorio Petrolero Sur advirtieron que los derrames y fugas no son accidentes aislados, sino parte del funcionamiento inherente a la actividad no convencional en la zona. La preocupación central es la contaminación de los sistemas de los embalses estratégicos, los cuales son la base de la infraestructura hídrica regional. La campaña exige la derogación de los decretos que habilitan estas perforaciones y reclama que los ríos y lagos sean declarados territorios libres de fracking, señalando que la afectación de la calidad del agua impactará directamente en la producción de alimentos y la salud pública de localidades tanto de Neuquén como de Río Negro.
Pese a las restricciones de acceso y la custodia policial, representantes de diversas organizaciones ingresaron al hotel para dejar sentada su oposición técnica y política en el acta de la audiencia. Aunque reconocen que la instancia es no vinculante y que el proyecto probablemente avance por decisión del Ejecutivo, los asambleístas destacaron la importancia de confrontar a las autoridades y empresas con datos sobre la omisión de información clave.
